Guatemala tiene un sistema de administración pública conformado básicamente por dos niveles: un nivel “central” o “nacional” encarnado en las entidades que conforman el Organismo Ejecutivo (Ministerios, Secretarías, Entes descentralizados entre otros), y un nivel local, que son las municipalidades.
Hasta ahora, y desde que se fundó la república en el siglo XIX, el nivel “departamental” y no digamos el “regional” de gobierno se han desarrollado muy poco. En el nivel territorial que denominamos “departamento”, por ejemplo, se designa a un representante del Presidente, pero sus facultades e institucionalidad legal, organizacional, funcional y de mandato, no llegan al nivel que necesitarían para calificarlas como gobierno departamental; mucho menos para hacerse cargo de la gestión pública y/o la entrega de bienes y servicios a la población en el departamento. Estas funciones se siguen haciendo por medio de los ministerios sectoriales, en el marco de la desconcentración; por tanto, las funciones de estas unidades se siguen rigiendo por mandatos que emanan del nivel central ministerial, no del territorial. Igualmente, confunde el hecho de que el sistema de Consejos de Desarrollo a nivel departamental inyecta recursos a los territorios para obra pública. Sin embargo, éstos no son ejecutados por los ministerios, ni por las autoridades departamentales, sino por medio de las municipalidades que pertenecen al departamento. Por esta razón, el papel de las municipalidades sigue siendo crucial para el desarrollo territorial y comunitario.
Para comenzar a superar este vacío en el sistema de gobierno del Estado, el presidente Arévalo ha recalcado la importancia que tiene desarrollar el nivel departamental de gobierno en el sistema de la administración pública, y algunas acciones a este respecto, han dado inicio. Mientras tanto, las municipalidades son la única otra pieza institucional fundamental del sistema de administración pública del país.
Sin embargo, a pesar de que llevamos dos siglos en esta dinámica, la gestión institucional municipal en Guatemala, apenas se mide desde el año 2010, cuando se elaboró el primer ranking nacional por parte de la SEGEPLAN. Desde entonces se ha medido en varias ocasiones, siendo el Ranking del año 2021 el último disponible, aunque solo parcialmente. El proceso para actualizar la medición al año 2025 ya ha sido iniciado por SEGEPLAN. De esta cuenta, el Ranking aporta evidencia empírica objetiva de lo que son varias de las debilidades institucionales de las municipalidades.
Por esta razón, la reingeniería institucional de INFOM, en cuanto a la función de “fortalecimiento municipal” está tomando como referencia el Ranking de Gestión Municipal para proveer una renovada y diferenciada oferta de servicios a las municipalidades. La primera prioridad es enfocarnos en contribuir a superar las debilidades que más limitan el actuar institucional municipal: su capacidad de pensamiento estratégico y de proyección real de su quehacer; así también seguiremos apoyando el fortalecimiento de sus capacidades administrativas, pero renovando las estrategias para lograrlo; trabajaremos también en apoyar la generación de recursos propios para que puedan ofertar más y mejores servicios públicos a la población y alcanzar mayor autonomía financiera. A la oferta de capital, formación de capacidades y desarrollo de institucionalidad, se sumará el impulso que daremos a la asesoría técnica y el diseño de proyectos de infraestructura municipal, integrando esta función a la oferta de servicios de “fortalecimiento”; e incursionaremos en facilitar la respuesta a las demandas de las municipalidades en temas que son prioridad para ellas, cumpliendo así con la función de INFOM de catalizar y articular las acciones de entidades
sectoriales especializadas con el actuar municipal. El desafío de cambio es grande para el propio INFOM, pero indispensable si quiere volver a tener relevancia institucional y utilidad social.
