“Buenos días doña Carmelita, ¿para dónde va tan presurosa?” “¡Ay, hijo! Con este cantarito, ¿a dónde más puedo ir, si no a buscar agua a la fuente de la otra calle? En la que está cerca de la casa ya van cuatro días que no sale ni aire”.
La anécdota de doña Carmelita es la historia diaria de miles de mujeres guatemaltecas que, sin importar su edad, deben caminar largas distancias para llevar agua a sus hogares. Según un estudio elaborado en 2024 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el INFOM, el 44.7 % de los habitantes en los 340 municipios del país aún no cuentan con agua entubada dentro de su vivienda. Esta situación se agrava en las áreas rurales, donde ese porcentaje podría ser incluso mayor.
La falta de acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento está estrechamente relacionada con la pobreza, la malnutrición y los problemas de salud. Estas condiciones, a su vez, fomentan la ingobernabilidad y aceleran el deterioro de los recursos naturales, en particular los hídricos, muchos de los cuales ya están altamente contaminados.
La baja inversión histórica en el sector agua y saneamiento, junto con las dificultades económicas de muchas comunidades, ha limitado las oportunidades de desarrollo. Contar con servicios de calidad no solo reduce la incidencia de enfermedades y muertes evitables, sino que también promueve el desarrollo humano y el equilibrio ambiental. Por eso, invertir bien y de manera estratégica en agua y saneamiento debe ser una prioridad nacional.
Un informe de la Universidad del Valle y GIZ (2022) señala que la inversión en este sector ha representado menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esto ha sido insuficiente y, en muchos casos, ineficaz, lo que ha impedido que los sistemas de agua entubada y tratamiento de aguas residuales funcionen correctamente.
Guatemala enfrenta el desafío de cerrar la brecha en el acceso a estos servicios. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país necesita invertir, de aquí al 2030, aproximadamente 5,813 millones de dólares en agua para consumo humano. Para el acceso a saneamiento gestionado de forma segura y cumplir con los compromisos del ODS 6.3.1, se estima una inversión adicional de 12,233 millones de dólares. Estos montos deben destinarse tanto a infraestructura nueva como al mantenimiento y reemplazo de activos existentes.
Cabe señalar que estas cifras únicamente reflejan necesidades de infraestructura. No contemplan otros aspectos fundamentales como la mejora en la calidad y cantidad del agua, ni inversiones locales necesarias para cumplir políticas públicas, ni la preparación técnica del recurso humano para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
Por eso, es indispensable un esfuerzo articulado, multisectorial y urgente. En ese sentido, los pasos firmes que ha comenzado a dar la actual administración del INFOM, representan
una oportunidad para impulsar una estrategia nacional que apoye a las municipalidades en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Fondo de Desarrollo Social.
La realidad exige compromiso, pero también acción. Las necesidades son muchas, pero también lo son las posibilidades de transformar esta situación si se trabaja con visión, planificación y responsabilidad. Garantizar el acceso al agua y al saneamiento no es solo un mandato legal ni una meta de desarrollo, es un derecho humano urgente de atender.
