Con profunda convicción en que el acceso al agua potable no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental, se inauguró la ampliación del sistema de agua potable que beneficia directamente a 1,605 personas de las comunidades La Cuchilla y Nahualate I, en el municipio de San Antonio Suchitepéquez.
Este proyecto, ejecutado desde marzo de 2018, representa mucho más que una obra de infraestructura: es una expresión concreta del compromiso del Estado con la dignidad de las personas, especialmente en territorios históricamente excluidos. La intervención incluyó la adquisición de un generador, así como el aporte conjunto para la compra de la bomba y el material eléctrico, garantizando la sostenibilidad técnica del sistema.
A la actividad asistió la presidenta de la Junta Directiva de Instituto de Fomento Municipal -NFOM- la Doctora Karin Slowing Umaña, la directora general de UNEPAR junto a integrantes del Consejo Departamental de Desarrollo y el señor alcalde Municipal de San Antonio Suchitepéquez, Mauricio Ovalle.
Esta obra es resultado de la articulación entre el gobierno local y el INFOM, y responde a una visión de desarrollo que pone en el centro a las personas y sus derechos. La ampliación del sistema no solo mejora las condiciones de vida de cientos de familias, sino que fortalece la confianza en lo público y en la capacidad del Estado de responder con pertinencia y dignidad.
Desde INFOM, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión hídrica transparente, participativa y territorialmente pertinente, que reconozca la diversidad de contextos y la urgencia de cerrar brechas históricas. Porque el agua no puede seguir siendo una promesa: debe ser una realidad cotidiana para todas y todos.
Con una inversión de tres millones de quetzales por parte del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), y el respaldo del alcalde municipal, quien contribuyó con materiales de construcción, esta obra se consolidó como un ejemplo de articulación institucional orientada al bien común. Más allá de la infraestructura, el proyecto simboliza la voluntad de dignificar la vida cotidiana de las familias, reducir brechas territoriales y fortalecer la confianza en lo público.
El acceso al agua potable no puede seguir siendo una promesa aplazada. Es una obligación del Estado y una expresión concreta de justicia social. Cada sistema que se amplía, cada comunidad que accede al agua segura representa un avance hacia un país más equitativo, donde la salud, la dignidad y el desarrollo continúen siendo una prioridad.
Esta inauguración no solo marca el cierre de una fase técnica, sino el inicio de una nueva etapa para las comunidades beneficiadas, donde el agua fluye como símbolo de vida, de derechos cumplidos y de futuro compartido.
